Una democracia “contrainsurgente”
“ — Soy el fiscal Loering — dijo lentamente — ustedes han asesinado no solo a mi chofer sino a mí también; siento que esto se acaba ¿Se puede saber por qué han disparado contra nosotros?” — “por exceso de velocidad.” — “Nosotros veníamos a velocidad normal.” — “Lo que ayer era normal, ya no lo es hoy, señor fiscal. Hoy somos de la opinión que cualquier velocidad a la que pueda marchar un auto es excesiva.”
Herman Hesse, El lobo Estepario.
El Perú del siglo XXI ha discurrido por los carriles establecidos la última década del siglo XX: un modelo económico neoliberal sostenido en una democracia con dos rasgos definitorios, corrupción y contra-insurgencia.
Lo que empezó a dibujarse con el Primer Alan García (1985–1990) terminó de cuajar durante el gobierno de Alberto Fujimori, plasmándose en el plano jurídico e institucional e imponiéndose en la cultura política. La legitimidad política del Estado en general, y del fujimorismo en particular, fue construida sobre la victoria contrasubversiva. A mi entender, el concepto de “autoritarismo” no basta, como tampoco el de “dictadura”, pues se mantienen los formulismos de la democracia liberal (elecciones, parlamento, “separación de poderes”, “libertad de prensa”, etc.). El discurso que sostiene esta democracia y la manera como delimita los campos tiene, sin embargo, un contenido muy específico, que viene desde los aparatos represivos del estado (su policía política, sus aparatos de inteligencia, sus estructuras militares, su procuraduría y la judicatura, debidamente articulados a los medios de comunicación), todo lo cual constituye el entramado profundo del poder. El llamado “terruqueo” es la expresión de este proceso. Esta es una de las cuestiones que quedaron más claras en la crisis desatada a partir del 7 de diciembre pasado[1]. Pero dando carne a ese esqueleto está una institucionalidad política (estatal y no estatal) de naturaleza corrupta.
No estamos ante casos de corrupción, sino frente a una auténtica metástasis que pudre todo el entramado institucional de la sociedad (no solo del estado). El penal de Barbadillo (donde están ahora recluidos tres expresidentes electos y donde deberán llegar dos más, sin contar al que se suicidó para evitar su internamiento) simboliza patéticamente esta situación. Es cierto que la corrupción es un fenómeno que afecta todo tipo de sociedades. Sin embargo se torna predominante cuando el rentismo que medra del Estado (con su enorme red de proveedores y contratistas) es un rasgo crucial de la economía, cuando los grandes proyectos de inversión extractiva y las empresas de tecnología avanzada están en manos extranjeras, y cuando el narcotráfico (en sus múltiples facetas, de la producción al blanqueo) no es una actividad económica ilegal más, sino la única en la que se construye de verdad el capitalismo popular peruano, en donde existe una real capacidad de acumulación (el más esforzado y talentoso emprendedor de Gamarra jamás logrará amasar la fortuna de 1000 millones de dólares de Joaquín Ramírez). Poderes regionales construidos a partir del blanqueo de dinero ilegal, una vez consolidados en sus territorios se proyectan al plano nacional, parasitando a esas maquinarias de votos sin principios que son los llamados “partidos”.
Una clase incapaz de ejercer hegemonía, encontró el mecanismo que le permite imponer su dominación: construir un enemigo total, omnipresente y absolutamente inasible, el derrotado “terrorismo”, la insurgencia armada de Sendero y del MRTA. Y para esto no tiene que esforzarse demasiado, solo debe recurrir a los videos de hace tres décadas, para revivir momentos aciagos. El que estos grupos estén inactivos, los hace más peligrosos, pues acechan. Un conflicto que se acabó el siglo pasado, se mantiene vivo, incluso más intenso que antes, en su forma jurídico-política y especialmente simbólica.
Esta situación, que empezó a tomar forma a mediados de la década de 1980, se afirmó durante los 90s con el fujimorismo, y se ha mantenido casi inalterada en lo que va del presente siglo. Los resultados electorales de la primera vuelta en abril del 2021, cuando se supo que Pedro Castillo era el ganador y se perfilaba como presidente, el tema del “terrorismo” pasó a ser el gran asunto de la agenda nacional. Pero el “terruqueo” no alcanzó y Pedro Castillo juramentó como presidente. Entonces, la extrema derecha política, cuyos principales estrategas son militares en retiro, se propuso la vacancia presidencial en el plazo más breve posible.
Entre el 28 de julio del 2021 y el 7 de diciembre del 2022 el golpismo amagó desde diversos frentes: el parlamento, la fiscalía, los medios de comunicación. Sus intentos de movilizar a la ciudadanía en las calles fracasaron una y otra vez. Pero, cuando pretendió ser contestado en los mismos términos por el entonces presidente Pedro Castillo y su equipo de íntimos, con una proclama grandilocuente, sin duda ilegal, pero carente de efectos prácticos, pues no tenía ninguna de las herramientas para materializarla, fue que la derecha política en el Congreso obtuvo la coartada perfecta para conseguir los votos necesarios para aprobar la vacancia[2].
Pero a esta derecha le duró poco la sonrisa obscena y el jolgorio por el triunfo fácil. De pronto estalló un movimiento social que remeció y aun remece el Perú. Los sectores más pobres, los más postergados y menospreciados, se hicieron sentir: paralizaron buena parte del país y marcharon sobre Lima. La respuesta desde el estado fue brutal. El número de muertos es una señal, pero no la única, de cómo estos ciudadanos son tratados como enemigos. En esta conducta hay una compleja mezcla de factores, entre los que el racismo, el clasismo y la concepción autoritaria de la política forman parte del armazón contrainsurgente que sostiene a una democracia sui generis[3].
En este ensayo quiero concentrarme en una de las facetas de la democracia peruana: su naturaleza contrainsurgente (lo de la corrupción lo veré en otro momento). Trataré aquí de rastrear los hilos que, desde mi punto de vista, han llevado a la situación actual, los impases históricos y políticos que enfrentamos y la complejidad que se plantea a la hora de encontrar salidas a la presente situación política.
El derrumbe del fujimorismo y la Comisión de la Verdad
La última década del siglo XX en el Perú hubo un gobierno bicéfalo: la cabeza visible, Alberto Fujimori, hacía el trabajo populista de conseguir votos y simpatías, y la cabeza invisible, Vladimiro Montesinos, quien desde las sombras del SIN manejaba las palancas del poder y las redes de corrupción que eran la argamasa que mantenía unidas las piezas de un proyecto cívico-militar que estaba pensado para durar décadas.
¿Qué ocasionó el derrumbe de esto que parecía tan sólido? Un factor sin duda importante fue la resistencia social y política, cuyo pico más alto fue la marcha de los “Cuatro suyos”, otro fue el escándalo que produjo la difusión del video Kuri-Montesinos. Ambos, pese a su significación, no habrían bastado. La exigencia del gobierno de los EEUU a Fujimori de que sacara a Montesinos — quien con su negocio de armas con las FARC había sobrepasado todos los límites — provocó que los siameses se pelearan, y que el andamiaje implosionara. Los “vladivideos” documentan este proceso, en el que incluso se ve a Montesinos discutiendo con el alto mando militar la posibilidad de desplazar a Fujimori del gobierno. Finalmente los socios negociaron. Montesinos pidió quince millones de dólares para irse y Fujimori se los dio. Pero la fuerza del poder oscuro era tanta que Fujimori debió anunciar nuevas elecciones y luego huir rumbo a Japón con maletas llenas de dinero y de “vladivideos” incriminadores y, desde ahí, renunció.
Descabezadas y desmoralizadas, las huestes fujimoristas, mayoritarias en el Congreso, aceptaron un gobierno de transición que presidió Valentín Paniagua. Su encargo era convocar a elecciones generales. Sin embargo, la coyuntura de debilidad y desorden de las fuerzas del autoritarismo y del militarismo le permitieron adoptar una decisión trascendente: la formación de una Comisión de la Verdad. Esta iniciativa, que venía desde la comunidad de DDHH, fue posible por un circunstancial alineamiento de fuerzas, y no porque fuera una reivindicación de algún sector social o político significativo del momento. De este modo, al estilo de otros países en que el conflicto armado había concluido vía una negociación, surgió un organismo que se encargaría del esclarecimiento de los hechos, de la determinación de responsabilidades y de que se entablaran procesos judiciales que impidieran la impunidad. Creada en junio del 2001, la Comisión recién entró en funciones con el siguiente gobierno, pero quedó establecida su composición básica, donde destacaban su presidente, el filósofo Salomón Lerner Febres y un conjunto de intelectuales especialistas en el tema y que procedían de la izquierda.
El setiembre del 2001, el gobierno de Alejandro Toledo dio impulso a la Comisión, añadiéndole el propósito de Reconciliación. Se incorporaron otros cinco comisionados (entre ellos un general del aire) y se le dio dos años de plazo. Surgió la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).
A diferencia de sus pares sudafricana (antes) y colombiana (después), la CVR peruana no contemplaba la aplicación de la justicia transicional [4], y en particular, de un mecanismo clave de esta: la posibilidad de canjear verdad por castigo. Y esto fue así porque, derrotadas las fuerzas insurgentes, condenados sus principales cuadros, no cabía negociar una desmovilización. Pero al haberse castigado severamente a los alzados en armas con altísimas penas de cárcel, y al haberse establecido de una u otra manera sus responsabilidades en los procesos judiciales a los que se les sometió, lo que estaba pendiente era el procesamiento a los agentes del estado incursos en graves violaciones a los DDHH, quienes hasta ese momento habían sido protegidos con el manto de impunidad.
En el Perú no existe un solo caso de un alto oficial de las FFAA que haya reconocido algún tipo de responsabilidad, que se haya mostrado dispuesto a esclarecer hechos y que, de cara a la sociedad, haya pedido perdón a las víctimas[5], y menos aún, que estas últimas hayan tenido un rol activo en el proceso de sanción a los perpetradores. Enfrentados al riesgo de ser procesados y condenados, los militares peruanos desarrollaron una línea negacionista. A este respecto el caso colombiano es muy aleccionador[6].
Situándose en la perspectiva de las víctimas, la CVR construyó una narrativa distinta a la prevaleciente como discurso del poder, en la que, cuestionando severamente a los alzados en armas, y señalando incluso la responsabilidad principal de Sendero Luminoso en las cifras de muertes, tampoco pasaba por alto las responsabilidades de los agentes del estado. El Informe Final de la CVR, presentado en agosto del 2003 en Palacio de Gobierno, se convirtió en documento oficial del Estado peruano. Pero no tardó en convertirse en la bestia negra de los sectores conservadores y militaristas, que desde entonces ponen sus esfuerzos en desacreditarlo. Para el fujimorismo y la derecha política y mediática, como para las FFAA, la CVR fue y sigue siendo un enemigo. Sus intentos de construir con solvencia su propia versión han fracasado, pues el negacionismo solo ha logrado construir psicosociales. El Ejército formó una Comisión encargada de elaborar un contra-relato, que se plasmó en el libro “En Honor a la verdad”. Ahí los militares muestran que se sienten maltratados por la CVR y que la sociedad no los ha reconocido por su victoria, pero no encontramos una asunción seria de responsabilidades[7]. Pero más importante que la falta de reconocimiento, el asunto mayor, es que muchos de los jefes militares tuvieron que afrontar (o siguen afrontando aún hoy), procesos penales, pues partir de las recomendaciones de la CVR, la Fiscalía inició investigaciones a los agentes del estado comprometidos en graves violaciones a los DDHH [8]. Este fue y sigue siendo un elemento urticante para las FFAA, golpeadas además por la condena a varios de sus altos mandos por haber formado parte del esquema corrupto de Vladimiro Montesinos.
Paralelamente, como consecuencia de resoluciones de la Corte Interamericana de DDHH y del propio Tribunal Constitucional peruano, se implementaron reformas a la legislación anti-terrorista, ajustándola a los estándares internacionales [9]. Se eliminaron los tribunales con “jueces sin rostro” y se anularon los juicios realizados sin las garantías de un debido proceso. Así, partir del 2004 varios cientos de personas procesadas por “terrorismo” empezaron a salir en libertad, sea absueltas, por una reducción de las penas draconianas o mediante los exiguos beneficios penitenciarios. Esto gatilló que, desde los sectores desplazados del poder, se pusiera en marcha lo que se ha llamado “terruqueo”, que en sus inicios solo parecía la paranoia de diarios como “La Razón” y “Expreso”, y que ha terminado convirtiéndose en el discurso hegemónico de los sectores conservadores y autoritarios, tanto dentro como fuera de las instituciones del estado[10].
En noviembre del 2005, otro hecho sacudió la política peruana, exacerbando esta tendencia: Alberto Fujimori dejó su refugio en Japón y marchó rumbo a Chile, amagando con su regreso al Perú. Garrafal error de cálculo que subestimó la posibilidad de que las autoridades chilenas lo detuvieran y lo entregaran al Perú para su juzgamiento.
El renacer político del fujimorismo
“La idea es que los gobiernos siempre necesitan enemigos, aun cuando no estén en guerra. Sino tienen enemigos se inventan uno y propagan rumores. Eso asusta a la poblacion, y cuando la gente tiene miedo procura ser obediente.”
Paul Auster, La noche del oraculo.
El APRA ganó las elecciones el 2006 con un Alan García abiertamente conservador. Incluir en su plancha como primer vicepresidente al almirante retirado Luis Giampietri, uno de los adalides del discurso contrainsurgente, marcaba el rumbo. El 7% de los votos obtenidos por fujimorismo, aunque modesto, abrió las puertas al ingreso de Keiko Fujimori a la política peruana. Así, esta familia volvía a convertirse en el eje articulador de fuerzas que, habiéndose replegado en desorden el 2001, nunca dejaron de tener presencia, tanto social como institucional (en los aparatos represivos del estado, en la prensa, pero también en sectores populares).
El contrincante de García Pérez, Ollanta Humala, un excomandante del Ejército, comprometido en un curioso y efímero alzamiento militar en Locumba (Tacna) en 2000, tras pasar unos meses en prisión fue amnistiado y reincorporado a las filas del ejército. Su hermano menor, Antauro, y su contingente de reservistas llamados etno-caceristas, se encargó del trabajo político. En enero del 2004 realizaron en Andahuaylas un levantamiento igualmente peculiar [11], que catapultó la carrera política de Ollanta, quien se posicionó con una propuesta contestataria, radical, cuestionadora del statu quo político y económico. La presencia protagónica de los hermanos Humala y su contingente de reservistas era una señal de la militarización de la política, aunque fuese de otro signo (la otra es la participación activa de oficiales de las FFAA retirados liderando a los sectores conservadores). Ganador de la primera vuelta, perdió ante el astuto Alan García, quien capitalizó los miedos de las clases medias conservadoras y ganó por escaso margen.
El segundo García hizo un gobierno de reconciliación con el empresariado y el conservadurismo. El “piloto automático” del neoliberalismo y su política del “perro del hortelano” provocó resistencias de las poblaciones indígenas y rurales contra la depredación de los recursos naturales y por la protección del medio ambiente, cuyo punto más alto fue el denominado “Baguazo”.
Es en estos años que el fujimorismo, en su afán de recuperar peso político y de batallar por la libertad de Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel en abril del 2009, recoloca el tema del “terrorismo” el vórtice del debate nacional, como si un asunto resuelto tres lustros antes, fuera una amenaza inminente y todopoderosa. Los presos que iban saliendo en libertad tras 15, 20 o más años de prisión, servían de combustible para todo tipo de campañas psicosociales y los “analistas” se encargaban de poner su sapiencia al servicio de esta causa. Y estos “analistas” eran, obviamente, ex-policías o ex-magistrados, quienes usaban su información para que el fantasma se hiciera omnipresente, vendiendo la idea de que, al amparo de leyes benévolas, el “terrorismo se había rearticulado”[12]. Pero lo que realmente se rearticulaba alrededor del discurso “anti-terrorista” eran las fuerzas del autoritarismo y la corrupción.
Habían fracasado en su campaña contra la CVR, tampoco les interesaba producir una versión distinta pero solvente intelectualmente. Pero a punta de psicosociales instalaron el “terruqueo”, como una herramienta de control político. Un de los resultados fue que Alan García eliminó los magros beneficios penitenciarios para los presos por “terrorismo”, aunque tuvo que retroceder en su intención de impedir la construcción del LUM, pues tanto el gobierno alemán como Mario Vargas Llosa le salieron al frente.
Humala y la indefinición como principio
El conservadurismo autoritario y la corrupción, articulados alrededor de Keiko Fujimori y su nuevo partido, “Fuerza Popular” lograron pasar a la segunda vuelta en las elecciones del 2011. Volvían a tener peso político y se proyectaban para ser gobierno. El proceso iniciado bajo Toledo y afianzado con Alan García, hizo del tema del “terrorismo” y sus supuestos aliados, los “caviares”, el espantajo que permitía la estigmatización y la proscripción de las fuerzas contestatarias, políticas o sociales, de izquierda o de otro signo.
Humala, quien tenía denuncias por violaciones a los derechos humanos, no estaba interesado en mover el tema. Empezó con una postura de centro-izquierda con Salomón Lerner y, de capitulación en capitulación, devino en una caricatura de sí mismo. Al igual que Toledo en su momento, el comandante Humala traicionó las expectativas que generó. Pero su victoria anunciaba un fermento más profundo en la sociedad peruana, particularmente en los sectores centro y sur andinos.
2016: se instala la crisis política
Keiko Fujimori se había preparado meticulosamente para un triunfo prácticamente seguro el 2016. Liberada de la tutela paterna, había hecho el esfuerzo de darle a su imagen un perfil más democrático, estableciendo alianzas regionales con personajes de trayectoria dudosa y dinero abundante. Le llovía además el dinero del empresariado que apostaba al ganador. Era un aparato arrollador que logró casi el 40% de los votos en la primera vuelta (que le permitió tener una amplia mayoría en el parlamento), pero en la segunda el antifujimorismo cerró filas en torno al candidato de la derecha neoliberal, derrotándola por estrecho margen. Esto hizo crujir todo el sistema político [13].
Manejando con prepotencia su mayoría parlamentaria, Keiko Fujimori quiso cogobernar. Arrinconó a PPK hasta destituirlo y colocó al que suponía sería su pelele: Martín Vizcarra. Pero este aprovechó el creciente desprestigio de una mayoría parlamentaria inepta y avasalladora para, en setiembre del 2019, cerrar el congreso y convocar a elecciones anticipadas. En lugar de ser una salida a la crisis, esta elección logró algo que parecía imposible: un parlamento más mediocre y angurriento que el anterior.
Fue Keiko Fujimori quien convirtió al parlamento en instrumento del golpismo, que ha producido seis presidentes en seis años. Se trata, como bien dice Sinesio López, de un golpismo camuflado bajo un formalismo constitucional que permite entregar el gobierno a los perdedores.
La transición morada: los límites del progresismo democrático
Como a inicios de siglo, surgió un nuevo Gobierno de Transición, pero a contrapelo del de Valentín Paniagua, cuyo logro mayor fue la audaz formación de la CVR, uno de los primeros actos del gobierno de Francisco Sagasti, el 2 de diciembre del 2020, fue la realización del operativo “Olimpo”, esto es la captura de 74 presuntos miembros del Movimiento por la Amnistía y la Defensa de los Derechos Fundamentales (MOVADEF), como parte de una campaña en la lucha contra el “terrorismo”. El operativo anunciado por un efímero ministro del interior, constituye un acto abusivo y antidemocrático. Lo paradójico es que se implementara con un presidente de talante democrático. Y es que, con un discurso contrasubversivo tan profundamente instalado en el aparato del estado, no hay forma de sustraerse a él. Evidentemente Sagasti y su ministro lo único que habían hecho era avalar políticamente lo que la policía había venido preparando mucho antes.
Lo peculiar es que se trata de una acusación de “terrorismo” en donde no hay acciones “terroristas”. El MOVADEF pretendía actuar legalmente, integrarse al sistema democrático. Se decía en los 80s que Sendero amenazaba con cortarle el dedo entintado de quienes fueran a votar, ahora en cambio apelaban al voto ciudadano. Aun cuando hubiese renuencia a zanjar con ciertas consignas y rituales del pasado, el viraje político e ideológico es sustancial. No bastó con denegarles la inscripción legal, era necesario, además, quebrar sus redes, perseguirlos policial y legalmente, encarcelando a sus activistas. Para ello se usó la figura de la “filiación terrorista”, es decir, formar parte de una organización que la policía o la fiscalía o no sabemos quién, califica como “terrorista”, independientemente de que haya o no actos de ese tipo. Es decir, se está persiguiendo y eventualmente castigando a quienes se presume que podrían realizar acciones en un futuro indeterminado.
El derecho penal del enemigo
“Hay casos en que la sentencia fue escrita antes del crímen”.
José Saramago, Ensayo sobre la lucidez.
Salidos de la guerra sin “justicia transicional”, lo que estableció, y se ha mantenido desde los años 90 — con pequeñas variaciones entre el 2001 y el 2006 — , fue una justicia punitiva que corresponde a lo que se ha venido a llamar “derecho penal del enemigo”, que es una expresión jurídica de la de la dominación burguesa en su fase de crisis global, cuando es incapaz de ejercer hegemonía, entendida como superioridad intelectual y moral. En sociedades crecientemente desiguales y excluyentes, se hace necesario recurrir a formas cada vez más autoritarias y punitivas de control social (el caso emblemático son los EEUU con sus dos millones de presos).
El “otro”, el enemigo absoluto, expresión del mal radical, es despojado no solo de su condición de ciudadanía, sino de su propia humanidad. Se los patologiza y se procede a su destrucción simbólica, cuando no física. Ese “otro” puede ser un migrante, un negro pobre, un chicano, un narcotraficante, pero, sobre todo, un “terrorista”.
Una de las tendencias del capitalismo actual, es a construir estados policiacos. El “castigar y vigilar” de Michael Foucault palidece ante las dimensiones que adquiere esta sociedad bajo vigilancia, con sus aparatos de escucha, sus cámaras y sus drones. Una consecuencia es que en el derecho penal se juega gran parte del destino de la democracia. La concepción garantista del derecho se volvió obsoleta en “sociedades panóptico” de control social. La incertidumbre genera miedos y estos alimentan la tendencia a renunciar a derechos en nombre de la seguridad, que supuestamente garantizan los funcionarios del estado.
De este modo, es perfectamente posible estirar el derecho de tal forma que a un preso como Osmán Morote se le haya podido incluir en expedientes por hechos producidos cuando estaba en prisión, para subirle su condena, primero de 18 a 25 años, para luego elevarla a cadena perpetua. El objetivo: mantenerlo encarcelado, sin que nadie de la comunidad jurídica sienta que hay en ello algo extraño, por decir lo menos.
El llamado “pánico moral”, que no es otra cosa que el clima histérico desencadenado desde los medios de comunicación, permite que el modesto mausoleo construido en el periférico cementerio de Comas (cuyo propósito era sepultar a algunas de las víctimas de las masacres del Frontón y Lurigancho, cuyos restos no terminan recuperar sus familiares después de décadas) fue finalmente demolido[14].
“Sin terrucos no hay soldados”
“Todos los días me levanto muy temprano, alzo mi mano y le pido a dios que nunca me falte un maldito terruco, que nunca me falte alguien para matar y que nunca me quite la sed de matar, y uno dos, tres, cuatro.” (Trote de guerreros antes de la lista diana) [15].”
Si el anti-chilenismo y el enemigo exterior fue un factor central de la identidad militar durante gran parte del siglo XX, las últimas dos décadas de ese siglo y lo que va del actual, esta se ha redefinido en función del enemigo interior: el “terrorismo”. El nacionalismo militar de la primera mitad de los 70s ha dejado paso a una versión anacrónica de “guerra fría”.
El “terruqueo” es una herramienta de control social y político a partir de la estigmatización y el temor que esta produce. Y es posible no solo porque forma parte del discurso del poder, sino porque se sostiene en la capitulación con que los demócratas han respondido al uso abusivo del derecho.
El gobierno del “terrorista” Castillo y el cadáver de Abimael Guzmán.
El 11 de setiembre del 2021 murió en su celda de la Base Naval del Callao el fundador y líder de Sendero Luminoso Abimael Guzmán. Por iniciativa del entonces ministro de Justicia Aníbal Torres, en acuerdo con Pedro Castillo, el cadáver fue incinerado y sus cenizas esparcidas en un lugar desconocido. El Congreso, actuó con inusual celeridad y el 16 de setiembre del 2021 Castillo promulgó la Ley 31352 que incorpora el artículo 112-A, a la Ley General de Salud (No 26842) donde se establece el destino de los cadáveres de internos que cumplían condena por terrorismo, en su condición de líder, cabecilla o integrante de la cúpula de organizaciones terroristas. Ley con nombre propio y aplicada retroactivamente constituye una situación que la democracia contrainsurgente ha normalizado.
Lo paradójico es que precisamente un gobierno acusado de vínculos con el “terrorismo”, fuera el encargado de que esta medida se implementara. Evidentemente, la presión sobre el precario gobierno de Castillo, era demasiado grande. Forzado a demostrar que era “democrático” y no “terrorista”, hizo lo que han venido haciendo los gobiernos a lo largo de estos lustros, con mayor o menor entusiasmo: plegarse a donde lo empujaba la corriente mediática. Pero esto, como los hechos lo muestran, no fue suficiente.
La implosión de la democracia contrainsurgente
“Si no han sido capaces de entender ese lenguaje del Perú como patria antigua y única, no merecen sin duda dirigir este país.”
José María Arguedas, El Sexto.
Mientras se concentró en un determinado grupo aislado, la democracia contrainsurgente pudo imponer sin dificultades el terruqueo como arma de intimidación y estigmatización política. De ahí que diversos grupos sociales al movilizarse se sintieran obligados a machacar que eran estudiantes o campesinos, “no terroristas”. Desmarcarse de tan siniestro calificativo, que legitima todas las represiones y todos los castigos, era imperativo. Así funciona el “terruqueo”.
Pero ¿Qué pasa cuando quienes ganan una elección son calificados de “terroristas”? ¿Qué sucede cuando todas las maniobras por impedir que asuma el gobierno se estrellan contra el hecho incontrovertible de su derrota? ¿Pueden los “terroristas”, derrotados hace treinta años, reaparecer victoriosos en el terreno político? En la paranoia política de ciertos sectores esto es lo que habría sucedido. Es por esto que, desde lo más profundo de ciertas instituciones, desde el prejuicio y del sentimiento de que habían “perdido en mesa” lo que “ganaron en el campo de batalla”, se preparó la contraofensiva.
Pero esta contraofensiva enfrentaba no a una autoproclamada vanguardia, sino a una multitud de ciudadanos quienes, primero habían votado por alguien que sentían como uno de los suyos y segundo lo habían venido respaldando contra viento y marea [16]. La descarada manera como la derecha parlamentaria, los medios de comunicación y la fiscalía, complotaban contra el gobierno de Pedro Castillo no hacía más que alimentar la indignación de estos sectores que sentían que, por primera vez en la historia, alguien de sus filas había llegado a la presidencia. Por eso, tras un breve desconcierto por lo abrupto del mensaje del 7 de diciembre, estas poblaciones se autoconvocaron. Desde sus comunidades, sus caseríos, distritos y provincias se hicieron sentir como nunca antes en la historia, bloquearon carreteras y después marcharon hacia Lima.
Es entonces que la respuesta del Estado y sus aparatos represivos se desbordó, y poblaciones enteras fueron enfrentadas como enemigos internos: no estamos aquí ante el exceso de un efectivo apasionado en el calor de la refriega, sino ante verdaderas emboscadas. Considerados como “terroristas” o, en el mejor de los casos, como “tontos útiles” de los “terroristas” estas poblaciones han sido reprimidas con brutalidad. Los militares, pero sobre todo los policías, actúan muy cohesionados ideológicamente en torno a su papel contrainsurgente. Es decir, no se trata de operativos destinados a mantener el orden público, sino de auténticas acciones de guerra [17]. Esto se ve en las en las imágenes de la TV y las que circulan por las redes sociales: están imbuidos de un espíritu de cruzada. Se siente en sus consignas, en el odio con el que se expresan y actúan, en las balas y las bombas lacrimógenas lanzadas directamente al cuerpo (con el propósito de aniquilar y no de disuadir) y en el comportamiento prepotente (como durante su incursión en San Marcos).
Sin embargo, más allá de los desenlaces de corto plazo, aunque Dina Boluarte y los parlamentarios puedan mantenerse en el gobierno hasta el 2026, sostenidos por la fuerza, lo que se ha producido en el Perú es una profunda fractura tectónica, entre el Estado y sus instituciones fundamentales, y sus ciudadanos más pobres. Ayacuchanos, apurimeños, cusqueños y sobre todo los puneños, mantendrán viva la memoria de estas luchas y no hay duda que en algún momento pasarán factura por ellas a quien corresponda. El aprendizaje de estos pocos meses, sumado al dolor y el sufrimiento por sus víctimas, es una combinación potente. Pero lo más importante es que han adquirido conciencia de su poder, de la fuerza que les da la acción concertada de sus comunidades, que han sido capaces de colocar un presidente y luego de resistir tanto tiempo poniendo en jaque al estado. Sus líderes locales, aún poco visibles crecerán, y si son capaces de no dejarse seducir por los cantos de sirena de arribismo y el oportunismo, si son capaces de deshacerse de falsos ídolos de barro, con seguridad estaremos ante un despertar glorioso de un movimiento popular que puede cambiar la historia.
Esto debería llevar a reflexionar a quienes dirigen instituciones como las FFAA. De la partidocracia mediocre y corrupta que parasita los organismos representativos no podemos esperar nada, pero de un Ejército que alguna vez produjo una generación de generales como Juan Velasco Alvarado, Edgardo Mercado Jarrín, Jorge Fernández Maldonado y Leonidas Rodríguez Figueroa, cabe preguntarse si habrá quienes tengan la estatura histórica para entender que esos peruanos de las comunidades que se levantaron indignados, son el fundamento de cualquier proyecto de patria que quiera construirse.
Mayo 2023.
Notas
[1] Cuando el alto mando policial decidió por cuenta y riesgo detener al presidente de la república, aduciendo flagrancia; cuando el jefe de la policía convocó a una marcha nacional como un político de plazoleta; cuando el director de la DIRCOTE afirmó que Abimael Guzmán fue el primero en plantear Asamblea Constituyente (hecho indemostrable, por falso); cuando se reprime la movilización popular como enfrentando una guerra contra un enemigo interior, queda claro a qué nos referimos. Se trata de todo un discurso político “anti-terrorista” en que sustentan su accionar práctico. En Francia, donde esta misma época los policías repartían golpes a discreción, no solo no se produjeron muertos, sino que esta represión no se hacía en nombre del anti-terrorismo.
[2] No está claro aún lo que llevó a Pedro Castillo a emitir la declaración del 7 de diciembre. Han quedado desvirtuadas las absurdas hipótesis de los primeros días: que estaba borracho, que estaba drogado, que lo apuntaban con un arma y otras simplonadas. ¿Alguien le ofreció un apoyo policial y militar que nunca llegó? Todavía faltan piezas del rompecabezas, pero dada la manera irresponsable como Castillo se rodeó de individuos de baja estofa (Bruno Pacheco, Beder Camacho, José Fernández La Torre y un largo etc.), no sorprendería que en su círculo de confianza le hayan tendido una celada. Sin embargo, en la ciudadanía existe la percepción mayoritaria de fue en el Congreso donde se fraguó la voluntad golpista, pues fue ahí donde se articularon las fuerzas y los acontecimientos que tuvieron su desenlace el 7 de diciembre del 2022.
[3] Llamar a Dina Boluarte “dictadora” es un recurso para la agitación política, pero siendo la vicepresidente le tocaba asumir el cargo tras la aprobación de la vacancia por el Congreso. ¿Fue su designación ilegal? No soy abogado, pero me parece que no lo fue, aunque sea discutible. De lo que estoy seguro en cambio es que fue ilegítima, como lo es que hoy gobierne con quienes perdieron las elecciones. El alto nivel de desaprobación de ella y del parlamento lo refleja. La falla no esta en que la “dictadora Boluarte” haya pisoteado la democracia, lo está mal es esta democracia misma, todo el sistema político e institucional podrido que permite que cada elección “democrática” conduzca a una representación política peor que la anterior.
[4] Los cuatro pilares de la justicia transicional son: verdad, justicia, reparación y no repetición. Trata de encontrar caminos viables a los procesos de paz, evitando la justicia retributiva y desplegando una restaurativa y reparadora. Pone énfasis en la verdad antes que en la punición, pero garantizando el derecho de las víctimas a justicia y reparación. La justicia transicional busca dotar a la salida de un conflicto armado de ciertos estándares jurídicos, en particular en lo que se refieren a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
La definición de justicia transicional es objeto de debates. Consiste en una serie de mecanismos o procesos dirigidos a lograr un equilibrio entre el imperativo jurídico de justicia para las víctimas y la necesidad política de paz. Se admite la posibilidad de un castigo penal reducido, pero proporcional a los crímenes cometidos, y sólo debe ser concedido si cada beneficiario confiesa los crímenes en los cuales hubiera participado.
El recurso a la justicia transicional es democrático sino también emancipatorio, al empoderar a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Busca revertir las relaciones asimétricas de poder entre víctimas y victimarios, reconstruyendo la identidad de las víctimas como sujetos morales y políticos con derechos.
[5] Tras la caída de Fujimori, y en medio de la desmoralización y el desorden, algunos militares hablaron. Lo hizo Martin Rivas, ante el periodista Umberto Jara, narrando los entretelones del Grupo Colina en el libro Ojo por ojo y lo hizo el suboficial de inteligencia Jesús Sosa ante Ricardo Uceda para el libro Muerte en el Pentagonito. En ambos casos estamos ante información lanzada por militares de bajo rango despechados por el abandono de sus jefes. No hay asomo de reflexión crítica, y menos aún pedido de perdón. Cuando fueron juzgados, ambos se retractaron de lo dicho a los periodistas.
[6] En Colombia, tras cuatro años de investigación de las ejecuciones extrajudiciales de civiles en Norte de Santander, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entregó la resolución de conclusiones del caso y propuestas de sanción para los miembros del Ejército que asesinaron a civiles inocentes. Las sanciones del sistema de justicia transicional son restaurativas y de reparación, y pueden restringir libertades. “…es la primera resolución de conclusiones de un caso”, dijo el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes.
Los once imputados por los llamados “falsos positivos” son elegibles para que les impongan sanciones, dijo la magistrada Catalina Díaz. El documento es insumo para que el Tribunal de paz dicte sentencia. Los exmilitares imputados reconocieron su responsabilidad y tuvieron una audiencia con las víctimas en la que pidieron perdón por haber asesinado a sus familiares y por presentarlos falsamente como si fueran delincuentes o guerrilleros muertos en combate. “Aportaron verdad completa, detallada y exclusiva”, dijo la magistrada Lily Rueda, quien explicó que las sanciones serán verificadas por las Naciones Unidas…
El caso comprende al general Paulino Coronado Gámez, excomandante de la Brigada 30; a los coroneles (r) Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15; al teniente coronel retirado Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería №15; al teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la Brigada Móvil 15; y el teniente coronel Juan Carlos Chaparro Chaparro, exjefe de operaciones y excomandante encargado del Batallón Francisco de Paula Santander. Del grupo son los exoficiales de inteligencia, Daladier Rivera Jácome y Rafael Antonio Urbano Muñoz; el sargento Sandro Mauricio Pérez Contreras, el cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, y el civil Alexander Carretero Díaz, colaborador de los militares.
Las siete propuestas de sanción fueron planteamientos de las víctimas y algunas de los imputados. En el diálogo con las víctimas surgieron las propuestas más reparadoras y restauradoras. Ninguna establece limitaciones a su locomoción o residencia. Obedecen a una lógica más restaurativa y reparadora que punitiva, lo usual en el derecho penal.
Trabajarán en construcción de un salón de la memoria de víctimas de falsos positivos. Deberán “participar en recorridos guiados de la exposición y en charlas donde expliquen los patrones macro criminales, los móviles, los modus operandi, el perfil de las víctimas y el reconocimiento de responsabilidad, según previo acuerdo sobre los horarios y las condiciones de seguridad”.
También trabajarán en el parque memorial de las 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, que quedará en Bogotá. La Sala de Reconocimiento propone que los militares se encarguen de la adecuación de los terrenos, construcción, mantenimiento y limpieza del parque memorial, así como en la construcción del monumento. La ubicación del parque será concertada con las víctimas.
Diario “El País, Catalina Oquendo; Bogotá. Más información en los siguientes links.
[7] “En honor a la verdad”. Para una crítica detallada y lúcida del libro ver Mariella Villasante, “Las Fuerzas Armadas y la CVR: negacionismo y victimización”, Revista Ideele N° 304. Junio-Julio 2022. Accesible por Internet.
[8] El caso más reciente de una sentencia en contra de un oficial del ejército es la de Daniel Urresti. Su defensa negacionista finalmente lo condujo a una condena de 12 años. Celebrada por unos, repudiada por otros, lo real es que esta ruta produce avivamiento de enconos y profundización de brechas.
[9] La legislación “anti-terrorista” fujimorista se desmoronó durante el gobierno de Fujimori. El año 1994, la Comisión Goldman, formada por acuerdo entre el estado peruano y los EEUU, cuestionó esa legislación y obligó a cambios. La sentencia del tribunal constitucional en enero del 2003 le dio el puntillazo final. En este largo proceso la legislación antisubversiva se cayó porque era incompatible con los estándares internacionales. Fujimori eliminó a los “jueces sin rostro”, permitió que el procesado tuviera un abogado de su elección, etc. Después vinieron las sentencias de la Corte Interamericana de DDHH que desbarataron parte del andamiaje jurídico del Fujimorismo, aunque mantuvieron algunas de sus vigas maestras.
[10] “Voces retumbantes hacían gala de su eficacia multiplicadora en la población peruana, una sociedad de pos conflicto. ¡Senderistas saldrán libres! ¡Cúpula senderista a un pie de la libertad! ¡Terror de vuelta a las calles!”
“Noticias que irrumpen en el campo social para generar controversias sobre los posibles riesgos que supone liberarlos a pesar de haber cumplido su condena. Unos apelan al perdón, algunos al encarcelamiento eterno y otros al control minucioso a cargo de los militares. Desde la posición que se enuncie es evidente que obra como gatilladora de la memoria, en la que está en juego no su condición actual, sino la percepción social impuesta por la memoria hegemónica del Estado y legitimada por una parte de la población que retroalimenta la imagen congelada del “terrorista” liberado (a).”
“Sin Terrucos no hay soldados”, José Ramos López; ganador del primer concurso de ensayos del LUM-2016
[11] El 29 de octubre de 2000, en Locumba, Tacna, se produjo una sublevación encabezada por el comandante Ollanta Humala Tasso, junto a su hermano, Antauro. Pedían la renuncia de Alberto Fujimori, quien ya estaba en decadencia. Deambularon unos días por la sierra y se rindieron. Así empezó la carrera política de Ollanta Humala. El Andahuaylazo, Ocurrido entre los días 1 y 4 de enero de 2005, fue un acontecimiento cruento finalizando con la captura y rendición de Antauro Humala y sus seguidores reservistas. ¿Buscaban una insurrección popular? ¿Quizá un levantamiento de sectores militares? Mi impresión es que se trató una acción publicitaria de tipo electoral que se les fue de las manos.
[12] El domingo 20 de mayo del 2013, el Diario El Comercio publicó la entrevista de Milagros Leiva al general Marco Miyashiro, exmiembro del GEIN, exdirector de la DIRCOTE, exministro del Interior y exparlamentario fujimorista. Aquí unos fragmentos:
¿Quién manda hora en Sendero?
“Importa poco quien sea. Cuando se capturó a “Artemio”, el triunfalismo dijo se acabó, pero no es así: sigue influyendo y yo considero que Abimael sigue dirigiendo a Sendero Luminoso a través de su correo de transmisión, a través de las asociaciones de familiares de los senderistas.”
Entonces la idea de que Abimael está controlado es falsa
“Para mí sí. Sendero Luminoso es una organización que cree en la transmisión de pensamiento y de ideología. “…Sendero está dominando el campo y se está acercando a las ciudades, tenemos que evitar el avance.” “Muchos de los terroristas que han sido liberados en Canto Grande han sido recapturados en el VRAE.”
¿Inteligencia sabe realmente qué hacen los terroristas que salieron de prisión?
“No se puede hacer nada, no se puede perseguir a nadie que cumplió su condena, y no importa si ha sido terrorista, hazle entender eso a los defensores de los derechos humanos.”
Hoy con Guzmán muerto, ¿quién manda? Dudo que Miyashiro crea que los Quispe Palomino del VRAE son lo mismo que los seguidores de Guzmán. Pero lo lanza para crear efectos psicosociales. Afirmar que Sendero dominaba el campo era exagerado. Los Quispe Palomino se mueven por el VRAE y punto y no puede hablarse de control. Es un grupo que ha logrado sobrevivir articulado a la economía del narcotráfico y que conoce bien el territorio. Lo que sorprende es que en 20 años las FFAA y las FFPP no hayan podido derrotarlos ¿Será que les interesa que existan?
La afirmación de Miyashiro de que “muchos terroristas liberados de Canto Grande han sido recapturados en el VRAE” es falsa. Invito a que se dé un nombre, uno solo. Aquí el expolicía Miyashiro funciona como el político que ahora es y lanza consignas, como su ataque contra los organismos de DDHH.
[13] Una intervención directa de los EEUU frenó el triunfo del Fujimorismo el 2016. A una semana de la votación, en el programa dominical de mayor audiencia, un colaborador de la DEA denunció al secretario general de Fuerza Popular y mecenas del fujimorismo, Joaquín Ramírez. A pocos días de los comicios, este dato inclinó la balanza en una votación muy apretada.
[14] Al respecto, ver el estupendo ensayo de Valerie Robin, “Antígona en Comas” en el libro “La violencia que no cesa”, Ed. Punto Cardinal, 2021.
[15] “Traemos a colación una de las tantas canciones guerreras que resuenan en las instalaciones militares en la cotidianidad, precisamente para reparar en el tipo de educación que se imparte sobre la violencia política. Lo que nos plantea un conjunto de retos consistente en detectar cómo y cuándo se habla, en qué espacios se enuncia y en cuáles brilla por su ausencia, qué tipo de memoria es admisible y cuál no; y sobre todo, los contenidos que una generación mayor, participante directo del conflicto, transmite a la generación venidera y pasajera.”
José Ramos López, Sin terrucos no hay soldados”, ensayo ya citado.
[16] Las encuestas mostraban un consistente 30 % de aprobación de Pedro Castillo, frente a un parlamento con cifras de un dígito.
[17] “El 15 de diciembre de 2022, las fuerzas militares mataron a 10 personas e hirieron a decenas en Ayacucho. Estas 10 personas forman parte de los 49 manifestantes y transeúntes — entre ellos 8 menores de 18 años — que murieron tras resultar heridos durante las protestas ocurridas en el Perú entre el 7 de diciembre de 20?22 y febrero de 2023. Más de 1.000 personas resultaron heridas, entre ellas cientos de policías.”
“La evidencia muestra que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) hicieron un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza contra manifestantes y transeúntes, en clara violación del derecho internacional. La gran mayoría de las víctimas mortales falleció por heridas de bala causadas por fusiles de asalto y pistolas. El informe también concluye que, en algunos lugares, la policía disparó perdigones de plomo contra los manifestantes, prohibidos por las normas internas de la policía.”
“Es probable que estas muertes constituyan ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, por las cuales el Estado es responsable. Los fiscales deben investigar a los agentes que dispararon contra manifestantes pacíficos o que de alguna otra forma hicieron un uso desproporcionado de la fuerza, así como a sus superiores y a las autoridades civiles.”
Human Rights Watch 26 de Abril de 2023: Deterioro letal: Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú.